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Como delegados del Congreso
de los Pueblos, elegidos de forma directa y
democrática por un electorado repartido en 110
países,
CONSTATAMOS
- Que la expresión
de opiniones políticas no conformes a las de
mayorías establecidas es considerada cada vez con
mayor frecuencia como un delito político en un
creciente numero de países;
- Que la libertad de
opinión, de consciencia, al igual que de todas las
libertades reconocidas en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, son ahora mas y más
limitadas;
- Que los derechos de las
minorías a identidad política e igualdad
jurídica y ciudadana son con mucha frecuencia
burlados descaradamente.
- Que el derecho de los
pueblos a la autodeterminación es menoscabado por
fuertes intereses económicos y financieros, de
igual forma en los países ricos, como en los
pobres.
CONDENAMOS SIN
RESERVAS:
- Todas las formas de
violencia y tortura;
- Todas las formas de
segregación racial;
- Todas la formas de
persecución o intolerancia cultural,
filosófica o religiosa;
- Todas la formas de
genocidio o represión de un grupo de personas a
otro.
- Todo centralismo
opresor de regionalismos.
- Todas la formas de
esclavitud familiar o económica;
- Todas la formas de
imperialismo político o financiero.
Nosotros, delegados
elegidos, afirmamos, que solamente una institución
mundial elegida democráticamente, con poderes
limitados pero reales, será capaz de asegurar a cada
ser humano:
- La garantía de
los derechos básicos contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos;
- La libertad de
consciencia y opinión;
- La existencia de
instituciones que aseguren el desarrollo personal y
colectivo de todos los seres humanos;
- El respeto
jurídico a las minorías y a su propia
originalidad;
- La preservación
de las riquezas culturales y patrimoniales de los
pueblos;
- El derecho de todos los
seres humanos a la alimentación, salud,
educación, cultura e
información;
- El derecho
político de los pueblos a la participación
democrática en la administración mundial a
todos los niveles, por medio de decisiones
económicas, financieras y políticas
propias.
Sin la posibilidad de en
forma individual o colectiva apelar a una instancia
supranacional, los derechos humanos fundamentales no
serán asegurados.
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