En este siglo XXI, más de mil millones de seres humanos sufren hambre. Cada 4 segundos, una persona muere como consecuencia de la malnutrición, en su mayoría niños menores de 5 años. El 25 % de la población mundial consume el 85 % de las riquezas disponibles y, cada año, estamos utilizando el 30 % más en recursos disponibles de aquellos que el planeta puede regenerar.

La mitad de los habitantes de nuestro mundo son agricultores, de los cuales 3 de cada 4 trabajan aún únicamente con sus manos. Asegurar a estos agricultores las condiciones adecuadas para que puedan vivir de su trabajo es una de las mayores apuestas para un desarrollo durable, para que la violencia no sea la única alternativa de millones de pobres, hambrientos, expoliados, personas sometidas a jornadas de trabajo esclavizantes y desplazados hacia los barrios marginales de las grandes metrópolis.

La tierra, el agua, las semillas, los bosques, los minerales, todos ellos bienes comunes de la humanidad, son acaparados por los inversores con el consentimiento de los estados o frente a su impotencia. A lo largo y ancho del planeta explotaciones mineras y forestales, grandes embalses, zonas turísticas, monocultivos muy intensivos para la exportación a base de OGM o producción de agrocarburantes que remplazan los cultivos vivos. Este acaparamiento de tierras se va amplificando.

Paralelamente, aumenta el flujo sobre los mercados de los países del sur de desperdicios alimentarios producidos por los países ricos, quienes disponen de enormes medios mecánicos y además reciben sustanciosas subvenciones, todo lo cual genera una competencia desleal que mina la agricultura local.

La Asamblea de los Ciudadanos del Mundo está convencida de la necesidad, de iluminar las cuestiones fundamentales de justicia social y económica, el compartir riquezas, el acceso a los recursos naturales, la soberanía alimentaria, las deudas de los países pobres, un lugar para los más despojados de nuestra sociedad, el papel de las mujeres, pero también, la democracia participativa, la responsabilidad de las multinacionales y del sistema financiero internacional, la elección de un modelo de vida y de desarrollo durable y equitativo para todos. No se trata de asistir a las poblaciones en situación de miseria sino de reconocer sus derechos a los recursos indispensables para la vida, de permitirles su propio trabajo y favorecer sus iniciativas.

Invitamos a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a reivindicar, de manera determinada y pacífica, junto a las instancias internacionales (ONU, FAO, OMC, Unión europea, OCDE, G 20, Banco mundial, etc.), el derecho de acceso de las poblaciones locales a los recursos naturales (tierra, agua, semillas, bosques, etc.), esto implica completar las legislaciones existentes a través de mecanismos de regulación y de control. Paralelamente, el derecho a la soberanía alimentaria debe ser reconocido como superior a los derechos de comercio y de inversión.